DEFENSA ADECUADA

Lo anterior implica que el derecho a una defensa adecuada, se actualiza desde el preciso momento en que el imputado es puesto a disposición de la autoridad ministerial, a partir del cual debe contar con la asistencia efectiva de un defensor, entendiéndose como tal, tanto su presencia física, como con la ayuda efectiva del asesor legal. Así lo confirma el artículo 113 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales al disponer que el imputado tiene derecho a comunicarse con un familiar y con su Defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo. Asimismo, el artículo 125 del mismo Código estipula que el imputado que se encuentre detenido por cualquier circunstancia, antes de rendir declaración tiene derecho a entrevistarse oportunamente y en forma privada con su Defensor, cuando así lo solicite, en el lugar que para tal efecto se designe. La autoridad del conocimiento tiene la obligación de implementar todo lo necesario para el libre ejercicio de este derecho.

Como ya se dijo, el derecho a la Defensa Adecuada no se agota con la asistencia del defensor en el momento que el imputado tiene contacto con la autoridad, este derecho se extiende a toda diligencia o actos procedimentales y etapas procesales en las cuales es eminentemente necesaria la presencia del inculpado, así como su participación activa y directa. De este modo, por mandato constitucional, el Defensor tiene el deber y obligación de asistir al imputado y presenciar todos los actos del proceso, además de que, así también lo exige el Código Nacional del Procedimientos Penales en sus artículos 113 fracción IV, 114 y 117 fracción III, en los que se dispone que el imputado tiene derecho a estar asistido de su defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él. En la declaración, el imputado tiene derecho a declarar durante cualquier etapa del procedimiento y en este caso, puede hacerlo ante el Ministerio Público o ante el Órgano jurisdiccional, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia de su Defensor. Por su parte, el Defensor tiene la obligación de comparecer y asistir jurídicamente al imputado en el momento en que rinda su declaración, así como en cualquier diligencia o audiencia que establezca la ley.

Al respecto, la corte ha sostenido que al imputado, se le debe garantizar la posibilidad de defensa al permitir que se den todas las condiciones necesarias para que sea debidamente asistido, tanto formal como materialmente,  esto con la intención de que no se encuentre en una condición de indefensión o vulnerable ante las circunstancias propias del procedimiento, pues se busca asegurar que pueda tener garantizados en su integridad sus derechos fundamentales, como lo es a no declarar, a no autoincriminarse, a no ser incomunicado, a no sufrir tortura alguna, a no ser detenido arbitrariamente, a ser informado de las causas de su detención, entre otras. Lo anterior es así, pues para que el imputado tenga la certeza jurídica de que la diligencia se llevó a cabo con los requisitos necesarios, es menester que su defensor se encuentre presente, por lo que en aquellas diligencias en que éste no se encuentre, se debe cuestionar y poner en duda la certeza jurídica y el debido proceso.

ASPECTO MATERIAL. Ahora bien, la defensa adecuada no sólo conlleva la asistencia efectiva del defensor desde que el imputado es puesto a disposición del Ministerio Público y tampoco quiere decir que sólo debe estar relacionada con la presencia física de éste, pues va más allá, toda vez que implica que el imputado debe contar con la ayuda efectiva de un asesor legal. Al respecto, el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales estipula que el Defensor debe ser licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional. Para estos efectos, el mismo artículo define como Defensa Técnica, la que debe realizar el Defensor particular que el imputado elije libremente o el Defensor público que le corresponda, para que le asista desde su detención y a lo largo de todo el procedimiento. Por su parte, la corte ha sostenido que es precisamente el defensor quien, en atención a su calidad y a la presumible pericia en derecho, resulta ser el idóneo para asegurar que no se vean violados los derechos fundamentales de su defendido o asesorado, ejerciendo las acciones legales y constitucionales que estime pertinentes, para garantizar su respeto  o eventuales violaciones a sus derechos.  Además, durante el proceso penal ante la instancia jurisdiccional, el defensor es quien vela para que el proceso se siga con estricto apego en los principios del debido proceso. Es importante aclarar que de conformidad con el artículo 119 del Código Nacional del Procedimientos Penales, en ningún caso puede nombrarse como Defensor del imputado a cualquier persona que sea coimputada del acusado, haya sido sentenciada por el mismo hecho o imputada por ser autor o partícipe del encubrimiento o favorecimiento del mismo hecho.

Bajo esta premisa, el artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que los Defensores designados deben acreditar su profesión ante el Órgano jurisdiccional desde el inicio de su intervención en el procedimiento, mediante cédula profesional legalmente expedida por la autoridad competente. Sin embargo, recientemente la corte ha sostenido que la defensa adecuada no se satisface con el sólo nombramiento de un licenciado en derecho para la defensa, sino que deben implementarse las medidas necesarias para garantizar que tiene la asistencia de una persona capacitada para defenderlo, pues el núcleo esencial del derecho a gozar de una defensa adecuada lo constituye el cumplimiento de que ésta cumpla con su aspecto material, es decir, que el abogado satisfaga un estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus deberes, lo que además debe ser controlado por el Juez en su calidad de garante y rector del procedimiento penal. Esto, porque una verdadera defensa adecuada no puede limitarse a meros aspectos procesales o de trámite, pues el solo nombramiento de un licenciado en derecho para que asuma la defensa no satisface ni efectiviza, por sí mismo, el derecho a gozar de una defensa material, sino que se requiere que se implementen todas las medidas necesarias para garantizar que el imputado tiene la asistencia de una persona capacitada para defenderlo. Por tanto, los Jueces penales deben vigilar la actuación del defensor, con el fin de evitar la vulneración de la Defensa Adecuada, sin que baste para tutelarlo la sola designación de un letrado en derecho, pues su observancia requiere que se proporcione al inculpado una asistencia real y operativa, independientemente de si la defensa recayó en defensor de oficio o particular, para estos efectos, las corte ha definido las siguientes directrices para evaluar si la defensa adecuada ha sido violada: