El fundamento legal del Principio Pro-Persona también conocido como Pro Homine, se encuentra establecido en el párrafo segundo del artículo 1° constitucional donde se señala que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la propia constitución y con los tratados internacionales de la materia y siempre del modo más favorable a la persona de modo que le represente la protección más amplia.
El alcance de este principio se traduce en la obligación que tienen todos los jueces del sistema jurídico mexicano, de analizar e interpretar los derechos humanos contemplando el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos derivado de tratados internacionales en los que México formé parte, y en ese tenor debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer los derechos protegidos de las personas. Luego entonces, al analizar y elegir cual será la norma aplicable debe atenderse a los criterios que mejor favorezcan al individuo, esto siempre que se encuentre contemplados en la Constitución o en un tratado del que México sea parte, prevaleciendo la norma que represente mayor protección a la persona. De este modo, el objetivo inicial y final del Principio Pro-Persona es otorgar un sentido protector a favor de la persona Humana, pues reiteramos, ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, existe la obligación de optar por la interpretación que protege al individuo en términos más amplios.
Dicho de otro modo, el Principio Pro-Persona es la obligación que tiene todo juez de privilegiar el criterio o interpretación de la norma que más favorezca al ser humano, sin importar la jerarquía de la norma o si ésta es del derecho interno mexicano o del Derecho Internacional derivada de los tratados internacionales de los que México sea parte. En consecuencia, el catálogo de derechos Humanos no está limitado a los reconocidos por nuestra Constitución Política Mexicana, sino que incluye a todos aquellos Derechos Humanos que figuran en los tratados internacionales de los que México forma parte, por tanto, al presentarse varias posibilidades de solución a un mismo problema, el Principio Pro-Persona obliga al juzgador a optar por aquella que protege en los términos más amplios.