Obligación Constitucional de las Autoridades de Promover, Respetar, Proteger y Garantizar los Derechos Humanos.
El tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER y GARANTIZAR los Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que la obligación para las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, implica que se haga de manera universal, es decir, a todas las personas por igual, con una visión interdependiente, que se refiere a que el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados; los cuales no podrán dividirse, y todo habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio de los mismos. Asimismo considera importante resaltar que la obligación que tienen todas las autoridades del Estado de respetar, garantizar y reparar los Derechos Humanos es genérica y debe cumplirse por mandato expreso del artículo 1º constitucional, además de que en el ámbito de su competencia, están obligadas a garantizar su ejercicio y reparar cuando se cometan violaciones en contra de estos derechos.
Con el fin de que sea más claro el alcance de cada obligación, se expone brevemente las características de éstas con base a criterios sostenidos en Tesis Aisladas y en Jurisprudencias.
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Obligación de Promover los Derechos Humanos
Esta obligación tiene como objetivo que las personas conozcan sus derechos y mecanismos de defensa; así como ampliar la base de realización de los Derechos Humanos. La autoridad debe dar por hecho que las personas son titulares de Derechos Humanos cuya obligación correlativa corresponde a las propias autoridades. Asimismo consiste en proveer a las personas de toda la información necesaria para asegurar que sean capaces de disfrutarlos.
Numero: 2007597
Tesis: XXVII.3o.4 CS (10a.)
Tesis: Asilada
Materia: Constitucional
Época: Décima
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Fecha: Octubre 2014
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE PROMOVERLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de promoverlos. Dado que esta obligación tiene como objetivos que las personas conozcan sus derechos y mecanismos de defensa, así como ampliar la base de realización de los derechos fundamentales, entonces, la autoridad debe concebir a éstas como titulares de derechos cuya obligación correlativa corresponde a las propias autoridades. Su cumplimiento es, desde luego, progresivo y consiste en proveer a las personas de toda la información necesaria para asegurar que sean capaces de disfrutarlos.
Obligación de Respetar los Derechos Humanos
Es el deber de la autoridad que le impide interferir con el ejercicio de los derechos o ponerlos en peligro, ya sea por acción o por omisión; es decir, la autoridad, en todos sus niveles (federal, estatal o municipal) y en cualquiera de sus funciones (ejecutiva, legislativa o judicial), debe mantener el goce del derecho y, por ende, su cumplimiento es inmediatamente exigible.
Conviene aclarar que aun cuando esta obligación se encuentra primeramente dirigida a los órganos del Estado, también alcanza la conducta de los particulares, que igualmente se encuentran obligados a no interferir con el ejercicio de los derechos; por tanto, esta obligación alcanza la manera en que las autoridades entienden las restricciones a los derechos, tanto en su formación (a cargo del Poder Legislativo) como en su aplicación (a cargo del Poder Ejecutivo) e interpretación (a cargo del Poder Judicial).
El deber de respeto presupone la obligación a que las autoridades no perpetren violaciones de Derechos Humanos.
Numero: 2008517
Tesis: XXVII.3o. J/23 (10a.)
Tesis: Jurisprudencial
Materia: Constitucional
Época: Décima
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Fecha: Febrero 2015
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE RESPETARLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de respetarlos, y ésta puede caracterizarse como el deber de la autoridad que le impide interferir con el ejercicio de los derechos o ponerlos en peligro, ya sea por acción u omisión; es decir, la autoridad, en todos sus niveles (federal, estatal o municipal) y en cualquiera de sus funciones (ejecutiva, legislativa o judicial), debe mantener el goce del derecho y, por ende, su cumplimiento es inmediatamente exigible puesto que, aun cuando primeramente está dirigida a los órganos del Estado, también incluye la conducta de los particulares, que igualmente se encuentran obligados a no interferir con el ejercicio de los derechos; por tanto, esta obligación alcanza la manera en que las autoridades entienden las restricciones a los derechos, tanto en su formación (a cargo del Poder Legislativo) como en su aplicación (Poder Ejecutivo) e interpretación (Poder Judicial).
Obligación de Proteger los Derechos Humanos
Los órganos del Estado, dentro de sus atribuciones deben prevenir violaciones a los Derechos Humanos, ya sea que provengan de una autoridad o de algún particular, por lo que deben establecer tanto mecanismos de vigilancia como de reacción ante el riesgo de vulneración a fin de que se impida la consumación de la violación de algún Derecho Humano. En este último sentido, su cumplimiento es inmediatamente exigible.
Bajo la obligación de protección, la conducta de la Autoridad debe encaminarse a resguardar a las personas de las interferencias a sus Derechos Humanos provenientes del propio Estado así como de otros particulares, esto se logra mediante la actividad legislativa y de vigilancia en su cumplimiento y, de no ser suficiente, con acciones para impedir la consumación de la violación a los Derechos Humanos. En virtud de lo anterior, el Estado tiene la obligación desde el momento en que percibe riesgos de violación a Derechos Humanos, a tomar acciones inmediatas de protección a fin de salvaguardarlos y en su caso lograr la efectiva restitución del derecho violentado. De no llevar a cabo acciones emergentes, la Autoridad estaría incumpliendo su obligación de protección a los Derechos Humanos.
Numero: 2008516
Tesis: XXVII.3o. J/25 (10a.)
Tesis: Jurisprudencial
Materia: Constitucional
Época: Décima
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Fecha: Febrero 2015
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE PROTEGERLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de protegerlos. Ésta puede caracterizarse como el deber que tienen los órganos del Estado, dentro del margen de sus atribuciones, de prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya sea que provengan de una autoridad o de algún particular y, por ello, debe contarse tanto con mecanismos de vigilancia como de reacción ante el riesgo de vulneración del derecho, de forma que se impida la consumación de la violación. En este último sentido, su cumplimiento es inmediatamente exigible, ya que como la conducta estatal debe encaminarse a resguardar a las personas de las interferencias a sus derechos provenientes de los propios agentes del Estado como de otros particulares, este fin se logra, en principio, mediante la actividad legislativa y de vigilancia en su cumplimiento y, si esto es insuficiente, mediante las acciones necesarias para impedir la consumación de la violación a los derechos. De ahí que, una vez conocido el riesgo de vulneración a un derecho humano, el Estado incumple su obligación si no realiza acción alguna, sobre todo, porque, en el caso de sus propios agentes, está obligado a saber todo lo que hacen.
Obligación de Garantizar los Derechos Humanos
La finalidad de esta obligación es que efectivamente se protejan los Derechos Humanos, en otras palabras, que en la realización y ejercicio de los Derechos Humanos no haya restricciones. En este sentido, se le tiene que proveer al gobernado los recursos y medios legales para facilitarle las vías por las que pueda ejercitar su reclamo o demandas al Estado para el reconocimiento de sus Derechos Humanos.
Por otro lado, la Autoridad encargada, dentro de sus facultades, está obligada a investigar, sancionar y reparar las violaciones a Derechos Humanos, de modo que tiene que ejecutar todas las acciones que estén a su alcance para lograr la subsanación del Derecho Humano violado además de evitar la impunidad en la medida de lo posible, para lograr la plenitud de los Derechos Humanos. El alcance del deber de investigar es parte del deber de garantía, son protecciones judiciales que tienen las víctimas y/o sus familiares de contar con un recurso adecuado y efectivo frente a violaciones de Derechos Humanos.
Cabe mencionar que su cumplimiento puede exigirse de inmediato mediante la reparación del daño o ser progresivo. En este último sentido, la solución que adopte la Autoridad, debe atender no sólo al interés en resolver la violación a Derechos Humanos, sino también a la finalidad de estructurar y constituir un entorno político y social sustentado en garantizar el reconocimiento de los Derechos Humanos, es decir, tomar todas las medidas apropiadas para proteger y preservar los derechos humanos reconocidos en la Constitución.
La obligación de garantizar los Derechos Humanos procede no sólo cuando lo solicite la persona titular de los derechos vulnerados, sino también en el caso de que, sin mediar dicha petición dentro de la controversia, la autoridad jurisdiccional perciba la transgresión de los Derechos Humanos. Por tanto, al percatarse de una violación a los Derechos Humanos, el órgano jurisdiccional está en aptitud de actuar oficiosamente, esto es, con independencia de que dentro de la controversia, el afectado invoque la transgresión a su Derecho Humano.
Numero: 2008515
Tesis: XXVII.3o. J/24 (10a.)
Tesis: Jurisprudencial
Materia: Constitucional
Época: Décima
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Fecha: Febrero 2015
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de garantizarlos; y como la finalidad de esta obligación es la realización del derecho fundamental, requiere la eliminación de restricciones al ejercicio de los derechos, así como la provisión de recursos o la facilitación de actividades que tiendan a lograr que todos se encuentren en aptitud de ejercer sus derechos fundamentales. La índole de las acciones dependerá del contexto de cada caso en particular; así, la contextualización del caso particular requiere que el órgano del Estado encargado de garantizar la realización del derecho tenga conocimiento de las necesidades de las personas o grupos involucrados, lo que significa que debe atender a la situación previa de tales grupos o personas y a las demandas de reivindicación de sus derechos. Para ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades, se encuentra obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que advierta, de forma que su conducta consistirá en todo lo necesario para lograr la restitución del derecho humano violentado. Por tanto, su cumplimiento puede exigirse de inmediato (mediante la reparación del daño) o ser progresivo. En este último sentido, la solución que se adopte debe atender no sólo al interés en resolver la violación a derechos humanos que enfrente en ese momento, sino también a la finalidad de estructurar un entorno político y social sustentado en derechos humanos. Esto implica pensar en formas de reparación que, si bien tienen que ver con el caso concreto, deben ser aptas para guiar más allá de éste.
Numero: 2010421
Tesis: 1a. CCCXLI/2015 (10a.)
Tesis: Asilada
Materia: Constitucional
Época: Décima
Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Fecha: Noviembre 2015
DERECHOS HUMANOS. DE LA OBLIGACIÓN GENERAL DE GARANTIZARLOS, DERIVA EL DEBER DE LAS AUTORIDADES DE LLEVAR A CABO UNA INVESTIGACIÓN SERIA, IMPARCIAL Y EFECTIVA, UNA VEZ QUE TENGAN CONOCIMIENTO DEL HECHO.
De la obligación general de garantía de los derechos humanos deriva la obligación de llevar a cabo una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que las autoridades tengan conocimiento del hecho. El alcance del deber de investigar es parte del deber de garantía de las normas sustantivas violadas con un hecho en particular, como parte del derecho a las garantías y protección judiciales que tienen las víctimas y/o sus familiares de contar con un recurso adecuado y efectivo frente a violaciones de derechos humanos. Estos recursos deben sustanciarse con base en las garantías de debido proceso. Esta Primera Sala destaca que, en el marco de la obligación de garantía, se debe llevar a cabo la investigación de las alegadas violaciones a los derechos humanos con la finalidad de evitar la impunidad y restablecer, en la medida de lo posible, la plenitud de los derechos humanos.