Por último, Venustiano Carranza en su segundo informe rendido al Congreso de la Unión expresó que todos los países debían «someterse estrictamente y sin excepciones, al principio universal de NO INTERVENCIÓN». Carranza, figura clave del Constituyente de 1917, se sumó al pensamiento progresista que contemplaba el respeto entre los Estados como alternativa de progreso real y condenaba el sometimiento como el principal obstáculo para una sana convivencia internacional.
Posteriormente, México mantuvo una política de estricto apego a los principios de autodeterminación de los pueblos, NO INTERVENCIÓN, igualdad jurídica de los Estados, solución pacífica de las controversias, cooperación internacional para el desarrollo, así como la lucha por la paz, y la seguridad internacionales, siempre con el espíritu de lucha por las causas justas y preocupación por establecer una paz real y duradera en el entorno mundial. Por esta razón para el legislador era de gran importancia y relevancia que dichos principios figuraran en el texto de la Constitución de manera explícita.
Como ya fue mencionado y se reitera, el principio de NO INTEVENCIÓN tiene como principal objetivo proteger los intereses de México frente a la comunidad internacional, pues se exige el respeto a nuestro derecho de ser autónomos y de tener interpretaciones y objetivos propios, nuestro derecho de determinar el destino de la nación. La legitimidad de dichos principios le garantiza a México una mayor efectividad en la defensa de sus intereses.