Podría considerarse que transgredido el Derecho de Igualdad se actualiza la Discriminación, pero es muy importante dejar claro, que el Derecho a la Igualdad se refiere a una igualdad ante la ley, lo cual no implica que todos los individuos deban encontrarse en condiciones de absoluta igualdad, sino a recibir el mismo trato que aquéllos que se encuentren en una situación similar. Si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas; es decir, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio desigual e injustificado respecto a sus derechos humanos.

De conformidad con lo anterior, la jurisprudencia ha sostenido que no puede entablarse una relación igualitaria entre la posición concreta que guarda una persona colocada en una situación jurídica determinada, con la que tiene un individuo perteneciente a otra situación diferente; es decir, no es posible afirmar que exista un trato desigual entre personas que no se hallen en una misma situación jurídica, pues lo que la Constitución establece en su artículo 1°, no es una igualdad jurídica absoluta, sino una igualdad entre personas que se encuentren en una posición jurídica idéntica o semejante. En este sentido, ya sabemos que no es admisible crear diferencias de trato entre seres humanos que no correspondan con su única e idéntica naturaleza, sin embargo, es importante aclarar que no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva de la dignidad humana. La distinción y la discriminación son jurídicamente diferentes, ya que por un lado la Distinción crea una diferencia razonable y objetiva; por su parte la Discriminación constituye una diferencia arbitraria que ocasiona un daño en el goce de los derechos humanos.

Expuesto todo lo anterior, antes de pensar en discriminación, primero hay que analizar y determinar si los sujetos comparados son sujetos que se encuentran en condiciones de igualdad o si sus diferencias justifican la distinción que realiza el legislador en cuanto al trato que se les otorga, recordemos que la Igualdad puede estimarse transgredida únicamente en los casos en los que exista una desigualdad de trato en relación a diversos sujetos que se encuentren en una misma situación jurídica y que dicho trato diferente afecte el ejercicio de un Derecho Humano.

El artículo 1° constitucional en su último párrafo prohíbe la discriminación con base en las categorías sospechosas. Las categorías sospechosas son precisamente los motivos de discriminación que menciona el propio artículo; el Origen Étnico o Nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de la persona.

Estos derechos fundamentales previstos en la Constitución gozan de una doble cualidad, por un lado se configuran como derechos públicos subjetivos (función subjetiva), y por otro lado se traducen en elementos objetivos que informan o permean todo el ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas que se originan entre particulares (función objetiva). Derivado de lo anterior, La jurisprudencia ha reconocido que los derechos humanos no se constituyen únicamente como límites dirigidos al poder público, ya que su previsión en normas de rango constitucional les convierte en elementos objetivos que informan o permean todo el ordenamiento jurídico. Esto implica que los derechos humanos, contenidos en la constitución y leyes convencionales, tienen una doble cualidad, ya que, por una parte, su función subjetiva implica la conformación de derechos públicos subjetivos, constituyéndolos como inmunidades oponibles ante el Estado y por otro lado, su función objetiva, les impone la labor de unificar, identificar e integrar al resto de las normas jurídicas que cumplen funciones más específicas. En esta lógica, la doble cualidad de los derechos humanos constituye la base para afirmar su incidencia en las relaciones entre particulares.

De este modo, corresponderá al intérprete, analizar de manera singular, las relaciones jurídicas en las que los derechos fundamentales se ven encontrados con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos; al mismo tiempo, la estructura y contenido de cada derecho permitirá determinar qué derechos son sólo oponibles frente al Estado y qué otros derechos gozan de la pretendida multidireccionalidad estado-particulares”.

Es muy importante dejar claro, que cuando se presenta un acto discriminatorio, no importa  si existe o no la intención de Discriminar, pues, si derivado de una acción u omisión en donde por distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en sexo, edad, origen o cualquiera de las categorías sospechosas, como resultado de éstas se menoscaba o anula el reconocimiento o goce de algún derecho humano; entonces se actualiza la discriminación, insistimos, sin importar que se tenga o no la intención de discriminar, al final del día lo que importa es el resultado.

El artículo 1° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define “Igualdad Real de Oportunidades” como el acceso que tienen las personas o grupos de personas al igual disfrute de derechos, por la vía de las normas y los hechos, para el disfrute de sus derechos.  De este modo, está prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la Igualdad Real de Oportunidades en términos del artículo 1o. constitucional.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo noveno enlista las siguientes conductas consideradas como discriminatorias: